Matrimonio igualitario: obligatorio para los Estados
Por: Paula Siverino Bavio
Doctora en Derecho (UBA) especialista en Bioética y Derechos Humanos. Consultora e investigadora en Sexualidad, Género y Derechos Humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública la Opinión Consultiva N° 24 sobre Diversidad Sexual y Derechos Humanos, la cual fue pedida por el Estado de Costa Rica el 18 de mayo de 2016. En su presentación Costa Rica solicitó a la Corte IDH se expida sobre el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de la protección del derecho a la identidad de género de las personas trans y de los derechos de las parejas del mismo sexo.

Como corolario de un largo proceso que incluyó casi un cent  enar de informes técnicos y amicus curiae y dos intensos días de audiencia en mayo del 2017, la Corte dejó claramente establecido la línea que deberán seguir las legislaciones en aquellos países que aún no contemplen, como lo hace la Argentina, el matrimonio igualitario y una ley de identidad de género con base en la despatologización de las identidades trans: los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras legales existentes, incluyendo el matrimonio, las familias formadas por personas del mismo sexo tienen idénticos derechos a aquellas formadas por parejas heterosexuales. Los Estados deben también garantizar mecanismos sencillos para modificar los datos de nombre y sexo a nivel registral, sin poder exigir constancias médicas, de manera confidencial y con el solo requerimiento del consentimiento de la persona interesada.

La Corte IDH reivindica el derecho a la libertad de autodeterminarse, a construir y que sea reconocida socialmente la propia identidad, incluyendo la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad en una sociedad democrática que contempla como dimensión fundamental el casarse y formar una familia, sin aceptar discriminación alguna por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Esta Opinión Consultiva pone en jaque a varios países de la Región que aún no han reconocido legislativamente los derechos de las personas LGBTI, ya que se trata de un instrumento vinculante y da un fuerte impulso a la consolidación de los derechos de personas históricamente vulneradas y discriminadas.

Igualdad en la Diversidad es lo que define a una democracia moderna, donde todas las personas más allá de sus características y condiciones puedan gozar del derecho a hacer real su propio plan de vida.


Miércoles, 10 de enero de 2018