Sin máscaras: ¿se discute por una mejor educación o sólo por más salarios?


(Alberto Medina Mendez para El Litoral) El país asiste a una nueva edición de esta controversia que se repite hasta el infinito. Todos los años es igual. Con diferentes formatos la pugna por los incrementos salariales se reitera dejando secuelas que jamás se resuelven.

Existe un ingrediente estacional, en el caso particular de la actividad educativa, que hace que en febrero se negocie y que en marzo se alcance un aceptable consenso o arranque la secuencia de las medidas de fuerza.
A estas alturas, después de tantos años de idénticas prácticas, todos los protagonistas saben cómo funcionan los diversos engranajes y están seguros de cómo culminará ese sendero de interminables idas y vueltas.
 

La coyuntura política nacional suele sumarse a esta enorme parodia y los dirigentes gremiales, alineados partidariamente, hacen su propio juego tensando la cuerda y apostando a una estrategia general de conflictividad.

Un aspecto absolutamente repugnante de esta discusión salarial es la manipulación argumental de unos y otros. Los gobiernos y los sindicatos han apelado invariablemente a demagógicas consignas sobreactuando la importancia de la educación para inmediatamente abandonarla a su suerte.

La hipocresía se desnuda cuando finalmente los convenios se traducen en un porcentaje, un número, un valor monetario que mágicamente deja a los actores lo suficientemente satisfechos como para seguir adelante.
En el medio de tanto cinismo, nadie cuestiona los verdaderos resultados del proceso educativo. 

Son los alumnos que egresan del sistema los que con su limitada formación testimonian la baja calidad de lo aprendido en años.

El "verso" se agota cuando un egresado comete innumerables errores de ortografía, no puede hacer una operación matemática sencilla, desconoce a un prócer, o cuando ni siquiera puede comprender una simple consigna.

La retórica que sostiene que los educadores deben recibir un sueldo digno y que así se garantiza que brindarán lo mejor de sí mismos, choca contra la innegable realidad, esa que muestra rendimientos medios desastrosos.
Nadie dice que no deban discutirse los salarios y que se debe impedir que el poder de compra, al menos, no disminuya frente al costo de vida, pero no puede esa ser la única variable a discutir en una mesa de representantes.

La remuneración de quienes tienen la trascendente misión de educar es sólo uno de los aspectos que se debe poner sobre el tapete. Se podrían agregar con la misma vehemencia el compromiso de los docentes, su nivel de conocimientos, su formación permanente y la profesionalización de su labor.

No es razonable, ni intelectualmente honesto, seguir escondiendo la inocultable realidad que implica verificar la escasa calidad académica, idoneidad y ausencia de responsabilidad en miles de docentes.
En ese contexto, establecer salarios lineales e igualitarios no solo no es equitativo, sino que constituye una cruel injusticia para quienes honran esa magnífica vocación de ser maestros y profesores con mayúsculas.
Los sindicatos y los gobiernos cuando deciden remunerar sin criterios de excelencia, sin incentivar la dedicación, sin estimular la formación y sin evaluar los resultados de la tarea educadora, envían señales erróneas.
El eje del debate pasa por lo salarial y nadie parece concentrarse lo suficiente en las profundas cuestiones de fondo. Es allí donde se debería operar con firmeza para cambiar el patético rumbo de lo que no funciona.
La inflación es un determinante central. Sin ella todo se simplificaría. Desde hace varias décadas, una arista vital del desencuentro pasa por saber si las cifras oficiales son creíbles y reflejan adecuadamente el presente.
Sin embargo, pese a esta incontrastable evidencia, ni los sindicatos ni los gobiernos parecen estar preocupados por contribuir a erradicar la causa principal de la complejidad de esta negociación meramente numérica.
De hecho, son extremadamente funcionales a esta problemática, lo alimentan no sólo con sus acciones concretas sino con sus equivocadas ideas de inagotables demandas que se traducen en mayor gasto estatal.

Es tiempo de revisar la matriz de esta perversa discusión, sobre todo si se quiere salir de este círculo vicioso que sólo consigue elevar el ya gigantesco costo de un servicio educativo ineficaz cuya calidad se deteriora año a año.
Es difícil ser optimista. Unos y otros se sienten cómodos con esta dinámica. Los sectores gremiales y los políticos ya conocen esta modalidad y sólo se reúnen para cumplir un ritual que muestra una grilla con mínimos matices.
Los acuerdos de este año sumarán variantes que sólo complejizan todo para que luego desatar nudos sea más engorroso. Montos no remunerativos y compensaciones especiales son sólo tramos del repertorio que exhibirán.

Del sector gremial no se puede esperar casi nada. Ellos no sólo no tienen interés en que la educación mejore, sino que buena parte de su despliegue se sostiene sobre la base de la confrontación que consiguen generar.
Tal vez la política tenga la llave. Hasta ahora cuesta visualizar con claridad a esos líderes regionales capaces de anteponer lo importante por sobre lo urgente, para finalmente convertir a la educación en una prioridad que pueda superar el anodino objetivo de aumentar el salario docente. 

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Jueves, 1 de marzo de 2018