Recalculando el GPS: ¿Acelerar el gradualismo o acudir al shock?


Inflación: Cambiemos gradualmente, pero más rápido

Como todos sabemos, el objetivo inflacionario de 17% que se impuso el Gobierno de Cambiemos está camino a ser superado ampliamente por la realidad. En este contexto, que Federico Sturzenegger haya asegurado hace unas semanas que "si alguien quisiera que en julio no tuviéramos más inflación, se sabe qué hacer", para muchos fue un chiste de mal gusto, más que una afirmación del presidente del Banco Central de la República Argentina. Pero, ¿tiene razón?

Como se pudo leer en esta primera entrega: ¿Por qué existe y a quiénes beneficia la alta tasa de inflación? en la cual hablamos de cómo se genera el impuesto inflacionario y quiénes se benefician con su existencia, la inflación es una cuestión muy ligada a la cantidad de dinero que circula en la economía, y por lo tanto, depende de los políticos que definen la política monetaria que adopta el Banco Central. Pero esta política, en el caso de Argentina, debe poder balancear el déficit que dejó el kirchnerismo ya que la emisión es una de las formas de financiar al Estado.

Una gran parte de los economistas piden que se resuelva rápido, mientras otros aceptan un gradualismo en el proceso.

¡SHOCK!

Por políticas de shock entendemos modificar una parte de la economía en un tiempo corto, que significa entre cuatro y seis meses. Para alcanzar el objetivo de bajar la inflación, el Banco Central debe recortar la cantidad de dinero circulando en la economía con las diferentes opciones de mercado que tiene: colocando bonos, subiendo la tasa de interés y vendiendo moneda extranjera al mercado interno, como dólares.

La política de colocar bonos recorta el dinero que circula en la calle y, por lo tanto, frena la inflación.

Esta baja de "dinero en la calle" genera que quienes suban el precio durante este período vean disminuidas sus ventas. Como el comerciante o empresario necesita seguir obteniendo ingresos para poder solventar sus gastos (alquiler del local, sueldo de los empleados, etc), tiene que enfrentarse a una dicotomía: si mantiene el alza, podría no llegar a cubrir el total de sus gastos, mientras que si las baja, ganará menos dinero por unidad, pero estaría recuperando el dinero que ya invirtió en mercadería. 

Al segundo mes, se vería obligado a bajar los precios para poder competir con los que se avivaron rápido, y volver a tener ingresos. Entonces, así como sus precios se re adaptaron a la nueva realidad lo harán sus expectativas de inflación: no esperará más que suban los productos todos los meses.

Este mismo caso se repetiría en toda la economía, hasta que las personas puedan reorganizar sus gastos, lo que resultaría en una contracción del consumo por esos meses. 

Pero eso tampoco significa el fin de la inflación, porque ya existen contratos firmados que estipulan aumentos a lo largo de su duración, como sucede con muchos contratos de alquiler. que recién cuando se renueven van a tomar el efecto de las nuevas expectativas de las personas. Estos contratos existentes desencadenarían inercia inflacionaria, que sería una suba de precios a pesar que las expectativas sean cercanas a cero, o podrían llevar al cese de pagos de algunos agentes económicos, que no tendrían la capacidad de adaptarse rápidamente al nuevo panorama económico.

Para los economistas que respaldan las políticas de shock, la recesión provocada por este tiempo, es un costo necesario para normalizar la salud de la moneda y la economía del país, y así volver a crecer. 

Pero se olvidan que si hay menos consumo, podría haber recortes de personal, negocios que no pueden enfrentar el costo que conlleva esos meses con menores ventas, y la inexistencia de creación de emprendimientos, lo que se traduce en menos trabajo.

Y menos creación de trabajo, lleva a una parte de las personas por debajo de la línea de pobreza, momentáneamente, para acentuarse por la menor capacidad de adaptación que suelen tener las personas con menores ingresos.

Sí, Gradualismo

El segundo método, en contraposición, consiste en buscar que el Estado precise cada vez menos financiación por parte del Banco Central lo que significaría que emita menos dinero. Al bajar gradualmente la emisión, se comienza a desacelerar el alza de precios, pero también genera que el Estado precise financiar su déficit con otro mecanismo.

Si bien se puede aumentar los impuestos, es probable que aumente la informalidad de la economía, y baje la actividad económica debido a que algunos emprendimientos y negocios dejen de ser rentables por esta medida. En caso de tomar deuda, se estaría comprometiendo recaudación futura para el pago de intereses y capital. 

Pero también hay límites: nadie en su sano juicio le presta a quien tiene tantas deudas que no se puede saber si va a devolver el dinero alguna vez.

O se puede bajar el Gasto, en busca de un nuevo equilibrio fiscal, en el que no se ahogue al contribuyente actual ni futuro, y tampoco se esté acelerando la inflación con emisión. Cuanto más se baja el Gasto Público, más se podría achicar la emisión de dinero, y así, acelerar la normalización de la economía.

El costo oculto del shock: el político

Cada vez que las políticas de shock fueron aplicadas en Latinoamérica existió un costo político que fue capitalizado por opositores. Incluso, en algunos casos, por los mismos causantes de los problemas económicos, como en el caso de Perú, donde el mismo presidente que dejó el país con una hiper inflación en 1990, Alan García, volvió al poder en el 2006.

Para ganar adeptos, los opositores arman una campaña contra los que apliquen estas políticas, llamándolos neoliberales, de derecha, insensibles sociales, asesinos de pobres, y cualquier otra forma de catalogación con mala imagen. 

Los medios amigos, o los que comparten esa visión, amplifican la situación diciendo que las personas están cada vez peor, sin importar si la medida se aplica pensando en el bienestar de las personas en el largo plazo. El Gobierno reformista debe enfrentar una imagen negativa provocada por esta campaña, que desencadena en una probable derrota del oficialismo en los siguientes comicios.

Si las reformas económicas fueran suficientes no habría ningún problema con que ese Gobierno pierda unas elecciones, pero la inflación es solo un síntoma más de la baja calidad institucional de un país: de la misma forma que el Banco Central no demuestra independencia y cede ante la presión del Poder Ejecutivo para imprimir más dinero de lo que precisa la economía para financiarlo, el Poder Judicial cede ante las presiones políticas para fallar en favor de lo que quieran los poderosos, se cobran impuestos excesivos y distorsivos, se ponen trabas para la libre competencia, se beneficia a las empresas de los amigos de los políticos, se confisca empresas o propiedades de las personas, se persigue y hasta espía al ciudadano y a la prensa, entre otros ejemplos. 

Estas acciones no hacen otra cosa que dañar las instituciones de la República, al Estado de Derecho y, por lo tanto, a la credibilidad de un país entero; las consecuencias pueden ser incalculables.

Entonces nos enfrentamos a una dicotomía: no se puede priorizar resolver la inflación y sanear el Estado al mismo tiempo, porque implica tener mayores dificultades para hacer las reformas institucionales de fondo que son necesarias para no volver a tener un Gobierno que pise las instituciones y los derechos humanos.

No seamos inocentes: entre los responsables por la inflación y opositores a las reformas, hay personas que son sinceras y poseen convicción de haber hecho lo correcto. Pero es probable que fueron utilizados por otros que solo ven al Estado como un objetivo para ejercer el poder, para beneficio personal, de sus familias y amigos, por tener acceso a las arcas del mismo. 

Con los primeros, debe existir un debate porque las diferencias son meramente de opinión e ideas. Con los segundos, la grieta es moral. Ellos harán lo posible para volver a apropiarse de lo ajeno, sin importar si eso ahoga un país entero, como sucede en Venezuela.

La difícil relación entre el tiempo y la política

Si solo se analizan los primeros cinco años desde la aplicación de las políticas de shock o gradualistas, es cierto que las segundas tienen un costo económico mayor, ya que se podría tener éxito antes con las primeras. Si se analizan períodos más largos de tiempo, en cambio, podemos ver que los países donde no ha habido reincidencias son aquellos que lograron hacer las reformas para mejorar la calidad institucional; no solo no reinciden, sino atraen empresas e inversiones, mejoran progresivamente las estadísticas de pobreza y educación, y hasta algunos alcanzan a tener períodos de crecimiento de décadas ininterrumpidas. 

Sí, la tasa de inflación tiene que ver con las reformas y el clima de inversiones necesario para alcanzar esto, pero nunca un inversor considerará la inflación antes que la seguridad jurídica de donde analiza invertir.

Pero no abrazar un método que permita ganar elecciones, lamentablemente, puede generar que en vez de solo prolongar un poco esta inflación, se reincida una y otra vez en las prácticas, hasta quitar 13 ceros a la moneda. Aceptar un gradualismo en el trato del problema de la inflación no significa no comprender su importancia, sino comprender la que tiene lograr tener instituciones sólidas, y mantenerlas en el tiempo.

A esto se refería el Presidente del Banco Central: existe un costo político que alguien debe estar dispuesto a pagar para que no exista más inflación en unos pocos meses, y qué significa adoptar un camino u otro.

En nuestro país, Cambiemos

En la Argentina estamos frente a esta situación. El gobierno de Mauricio Macri eligió el método gradualista, porque cree en la capacidad de las personas para adaptarse, y así intentar mantener el valor de sus ahorros, mientras se intenta equilibrar la economía.

El shock, hubiera significado repetir errores que fueron catastróficos para las personas en nuestro país, teniendo una pérdida de valor de sus ahorros de 40% en un día, como sucedió en el año 2002 con Eduardo Duhalde, y lo repitió como hit del verano Cristina Fernández en el 2014.

Estamos obligados a hablar de la pesada herencia que tuvo que enfrentar Cambiemos, con diversas crisis que azotan a los argentinos: sanitaria, alimentaria, de infraestructura, de transporte, energética, de educación y previsional. 

La administración anterior, también dejó un sistema de asistencia social que representa más del 50% del presupuesto total del Estado, dejando poco margen de maniobra para hacer las obras necesarias para resolver los problemas urgentes. No resolverlos cuanto antes, podría significar la pérdida de vidas humanas por una nueva inundación en La Plata, volver a tener niños desnutridos en el Chaco, la imposibilidad de competir para una PyME del interior con los productos que vienen del exterior por el costo de transporte interno, la imposibilidad de producir por los cortes de luz y gas, peores resultados que los actuales en las pruebas PISA o jubilados que esperaron 15 años para cobrar lo que les correspondía después de aportar durante toda su vida mientras algunos solo esperaban que mueran para que no puedan cobrarlo.

Como dice un reconocido economista liberal, "el gasto público es flexible a la baja", porque de a poco se encuentran gastos innecesarios en el Estado, y si se eliminaran todos ellos podría acelerarse la baja de inflación.

Pero también es verdad que si no se solucionan las crisis que dejó el kirchnerismo, las consecuencias de ellas podrían ser irreversibles. El camino para solucionar estos problemas, y al mismo tiempo, equilibrar las cuentas públicas, es sinuoso y difícil, porque hacer reformas sustanciales al mismo tiempo, genera siempre oposición entre quienes tienen privilegios.

Sabiendo esto, la toma de deuda internacional para eliminar las urgencias con las obras necesarias, al menor costo posible, era el único camino viable. En este sentido, la llegada del Fondo Monetario Internacional a nuestro país no modifica la estrategia en absoluto porque se sigue priorizando resolver las crisis antes de hacer cambios más fuertes en lo económico.

Sin embargo, por más que podamos entender la ruta que estamos transitando, a veces nos vemos en la tentación de empezar a gritarle al chofer que apure ese motor de la baja del gasto público, inflación e impuestos. Pero, al menos, podemos ver que el gobierno de Mauricio Macri tiene el GPS prendido y los ojos en el camino, para llegar al destino que queremos.

Domingo, 13 de mayo de 2018