Criterios liberales para debatir sobre el aborto y sus efectos sociales
Ornella Tirabosco
Periodista. Entusiasta de la formación y del marketing. Generadora de contenidos escritos y audiovisuales. Productora general y ejecutiva. Activista de la libertad. Nacida en Corrientes (Argentina), reside en Asunción


A un día de la votación por la legalización del aborto, cada vez son más los comentarios y discusiones en redes sociales en torno a esta cuestión. El planteo se da en lo referido a la salud pública y la moral, y mañana, luego de tres meses de debate, la Cámara de Diputados definirá cómo continúa esta situación.

"Estoy a favor de que cada mujer pueda decidir". Maria Marty

Entre las distintas posturas liberales, encontramos posiciones como la de María Marty, licenciada en Comunicación Social y Directora Ejecutiva de la Fundación para la Responsabilidad Intelectual (FRI), quien está a favor de la despenalización del aborto. "Creo que el Estado no es quien debe decidir, sino que debe ser una decisión de la mujer en cualquier circunstancia, lo cual no significa que estoy a favor del aborto sino de que cada mujer pueda elegir", opina, y agrega: "No se trata de vida o no vida, claro que es vida, nadie lo duda. Sino que el tema es si es una persona, y yo considero que un embrión es una persona en potencia, y no es sujeto de derecho si no se dan las condiciones para su desarrollo".

En contraposición, Mamela Fiallo Flor, integrante del área de estudios políticos de la Fundación Libre, portavoz para Sudamérica del Partido Libertario Cubano José Martí, se manifiesta en contra de la despenalización y a favor de salvar las dos vidas.

Mamela Fiallo flor

"Como libertaria, no avalo la despenalización del aborto, porque quiebra el principio de no agresión. Agrede a quien no ha agredido. Es liberticida, primero, porque requiere que los médicos establezcan su objeción de consciencia previamente. Es decir, exige crear un registro donde el Estado constata cómo pensamos, lo cual es totalitario, y puede perjudicar legalmente a los médicos". A su vez, "reniego de una ley que pretende que el Estado tenga la potestad de determinar qué vida vale y cuál no, cuando la ciencia dicta lo contrario, y reniego de este proyecto de ley porque quiebra la igualdad ante la ley; en lugar de establecer que las mujeres somos iguales, nos pone por encima, otorga impunidad para matar".

El juez Rojas pide no avalar posiciones extremas

Ahora, en lo que concierne al plano legal, el abogado y juez Ricardo Rojas indica que "Desde posiciones dogmáticas cerradas es imposible encontrar una solución. En la mayoría de los países serios, estas posiciones extremas han sido dejadas de lado y se ha optado por una posición intermedia, que creo que es la más razonable", y explica que "esa posición es la que permite conciliar la protección jurídica del feto, que siempre ha sido reconocida, con la posibilidad de que la madre pueda tener algún momento para tomar la decisión concreta de si quiere o no tener un hijo".

De este modo, y tal como se contempla en el proyecto en discusión, se admite la posibilidad de abortar hasta la semana 14, tiempo en el que el feto no ha logrado un nivel de desarrollo considerable. Luego de este período, las responsabilidades penales cambian. "Esta solución no deja satisfechas a las dos posiciones extremas, pero precisamente el objetivo del derecho es intentar conciliar derechos e intereses jurídicos para que puedan ser ejercidos del mejor modo posible", reflexiona Rojas.

Es importante recordar que el aborto ya está contemplado en el código penal en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer y en casos de violación. Para Rojas, "lo que se discute ahora es una nueva causal de despenalización" y por eso plantea algunos puntos que el Congreso debe considerar, y que como liberales debemos analizar, a saber:

1) Cómo se expresa esa decisión: "Si la decisión de la madre es simplemente su expresión de voluntad ante un médico, o se va a requerir o aconsejar algo más".

2) Obligación de los médicos: "Lo razonable es que los médicos que tengan objeciones de consciencia sobre el tema puedan negarse a practicar abortos, y que las clínicas privadas decidan libremente si quieren o no practicarlos".

3) Quién pagará por el aborto: "Desde el punto de vista meramente económico, de todos modos, es mucho menos oneroso para los contribuyentes pagar un aborto que dentro de los primeros tres meses seguramente será farmacológico, que lo que ocurre hoy en que el Estado intenta desalentar abortos pagándole a las mujeres: asignación universal por embarazo, asistencia médica a la mujer, el parto y posparto, pañales, leche y lo que el bebé requiera".

Con respecto a este punto, María Marty expresa: "no estoy de acuerdo con la gratuidad, creo que cada uno tiene que hacerse responsable de su propia vida y sus propios gastos. Nadie puede obligar a nadie a ir en contra de sus creencias. Es más barato quizás pagar un aborto que los planes sociales para mantenerlos. Sí creo que hay que hacer una campaña para que la gente comprenda cómo no llegar a la instancia del embarazo".

También Mamela Fiallo opina igual en el sentido económico: "Todo liberal reniega de la naturaleza autoritaria del cobro de impuestos. Por tanto, repudio tener que financiar esta medida. Hay mujeres que sueñan con ser madres y deben pagar tratamientos costosos y con esto tendrían que además financiar que otras madres maten a sus hijos, es inaudito. Como mujer, no nos sitúa frente a la sociedad como adultos libres y responsables de nuestros actos, sino que terceriza la responsabilidad en un menor de edad que paga el error de sus padres con su vida. Y lo hace con fondos estatales, ya que los padres ni son responsables de los gastos".

4) El rol del padre: "Existen otras discusiones interesantes, por ejemplo, lo que ocurriría si la mujer quiere abortar, pero el hombre no. Esto podría dar lugar a demandas judiciales interesantes".

5) Educación Sexual Integral: "Es importante provocar una serie de cambios institucionales que contribuyan a evitar embarazos no deseados, y también los mecanismos de adopción y otras soluciones alternativas que puedan brindarse a la mujer para que no aborte, y que hoy son muy deficientes".

6) Inconstitucionalidad del proyecto según el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño: "En cuanto al Pacto, el art. 4 dice que el derecho al respeto de la vida será protegido, en general, a partir de la concepción. De este modo, el Pacto dice lo mismo que ha dicho nuestra legislación desde siempre, es decir, que quien no ha nacido tiene, en general, varios derechos y protección jurídica, pero esa protección no es integral del mismo modo en que la tiene quien ha nacido. Por otro lado, la Convención de los Derechos del Niño define niño como toda persona menor de 18 años. No dice desde cuándo. La ley que incorporó la Convención a la legislación interna argentina señaló en su artículo 2 que debe considerarse persona desde la concepción. Pero se trata de una ley interna, que no integra la Convención y por lo tanto no integra la Constitución y puede ser modificada por otra ley".

7) Consecuencias prácticas: "Se calcula que se practican entre 400 y 500 abortos clandestinos anualmente (cálculo hecho a partir de entre 45 y 60 mil internaciones anuales de mujeres que han terminado internadas en hospitales por complicaciones en el aborto). La penalización del aborto no ha logrado disminuir ese número (en 40 años en la justicia penal sólo conocí un caso de aborto, que terminó en la nulidad del procedimiento por graves fallas en el accionar de la policía). Esos abortos clandestinos son decididos en general por adolescentes, sin asesoramiento ni respaldo de ningún tipo, en condiciones higiénicas desastrosas, con consecuencias físicas y psicológicas terribles, y que además del trauma que significa un aborto, se consideran a sí mismas como delincuentes."

El proyecto por dentro

El dictamen, de 22 artículos, garantiza el derecho de las gestantes al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Las excepciones: violaciones, alto riesgo de vida o salud de la persona gestante, o ante el diagnóstico de inviabilidad de vida extrauterina del feto. El plazo máximo para acceder al aborto es de 5 días desde su requerimiento. El consentimiento informado de la mujer gestante para abortar debe estar por escrito, y también se indica cómo debe realizarse el consentimiento en caso de menores de 16 años. También se incorporan las consejerías de atención integral pre y post aborto.

Lo que se incorporó hace poco es el tema de la objeción de conciencia, que permitiría a profesionales de la salud eximirse de la obligación de realizar prácticas de interrupción de embarazos involuntarios, bajo la condición de que previamente estén inscriptos en un registro de objetores que debe llevar cada establecimiento de salud. Se elimina la penalización para el médico también, pero antes de la semana 14. A partir de ese tiempo, se establecen penas dependiendo de cada caso.

Si bien el resultado aún es incierto, la realidad es que el debate ya debe pasar a un plano mayor. No se trata de si es bueno o malo que se practiquen abortos, tampoco sobre cuándo inicia la vida y mucho menos sobre la injerencia estatal en decisiones individuales. La discusión pasa por un marco legal, en el que es necesario definir qué pasará a nivel penal con las mujeres que decidan interrumpir su ciclo de embarazo y los médicos que las asistan.

Estas son las consideraciones más importantes dentro del proyecto que se someterá a votación este miércoles 13. Mientras tanto, los liberales seguiremos debatiendo qué tipo de libertades queremos defender: si todas, o las que nos convienen dependiendo de cada caso.

Martes, 12 de junio de 2018
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