"Hay que dar seguridad a los UBER y quitar impuestos a los taxistas"
Ornella Tirabosco
Periodista. Entusiasta de la formación y del marketing. Generadora de contenidos escritos y audiovisuales. Productora general y ejecutiva. Activista de la libertad. Nacida en Corrientes (Argentina), reside en Asunción


La revolución de Uber ya comenzó, pero el gobierno elige el silencio

Con la llegada de Uber a Mendoza, las protestas y presiones de los taxistas han ido en incremento, tanto allí como en el resto del país, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. No son solo los reclamos los que se visibilizan, sino también las incesantes actitudes violentas de quienes no permiten que el país progrese y se modernice, ofreciendo más alternativas a los usuarios. 

Hace unos meses, se conoció el caso de Santiago Elizalde, un joven que fue brutalmente agredido por un grupo de taxistas que lo vio usando Cabify, otra de las opciones de movilidad en la ciudad, similar a Uber, pero que ya se desenvuelve de forma legal. 

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De todos modos, pareciera que la situación aún no prospera, ya que el Estado sigue eligiendo el silencio como método de acción, en vez de buscar disminuir la burocracia y las regulaciones.

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una ley que modifica el sistema de transporte y permite el uso de la aplicación, convirtiéndose así en la primera provincia argentina en habilitar este virtual, con la condición de que cumpla ciertos requisitos y se adecue a un marco legal apropiado para que pueda trabajar sin inconvenientes.

Yamil Santoro: "Por un lado, hay que garantizar un umbral de seguridad mínima para los usuarios de las apps de transporte y, en paralelo, quitar impuestos y regulaciones a taxis y remises para que puedan ser más competitivos"

Yamil Santoro, abogado y fundador de Mejorar (partido político en formación dentro de Cambiemos) manifestó en contacto con Visión Liberal, que "la legislación particular de las plataformas exige cuestiones razonables, como el seguro de tercero transportado o el carnet profesional de conducir" y agregó que cree que lo más importante es que "no limita arbitrariamente la competencia ni le genera exigencias desmedidas a los taxistas, por lo que es probable que veamos florecer el mercado de transporte particular de pasajeros en Mendoza. Hay que felicitar al gobernador Cornejo por el coraje y la decisión de avanzar con este necesario tema".

El problema de Uber, que funciona en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano bonaerense a pesar de la resistencia de sus competidores, según Santoro, "es que la falta de una reglamentación específica hace que algunos funcionarios consideren que eso da derecho a perseguir a quienes eligen trabajar bajo esa modalidad, a pesar de que a nuestro entender la legislación general ampara perfectamente a este tipo de actividad".

"Se trata de una actividad lícita que todavía no cuenta, salvo en Mendoza, con una legislación particular por su novedad. Creemos que una reglamentación específica va a permitir que florezca la competencia y que otros actores, que no tienen la espalda de Uber para sostener un conflicto, decidan entrar a competir al mercado local beneficiando tanto a consumidores como a los conductores. En definitiva, contrario a lo que varios creen, la falta de reglamentación y la hostilidad sostenida por parte de taxistas y del Gobierno de la Ciudad beneficia a Uber en lugar de perjudicarlo ya que sigue creciendo sin competidores directos", aclara el dirigente de Mejorar.

Desde ese partido, y "para terminar con esta situación ridícula en la que se criminaliza y persigue a personas que quieren trabajar para llevarles el pan a sus familias", Santoro comentó que decidieron presentar un proyecto de ley mediante una iniciativa popular que, "por un lado, garantice un umbral de seguridad mínima para los usuarios de las apps de transporte y, en paralelo, le quite impuestos y regulaciones a taxis y remises para que puedan ser más competitivos".

No solo en Buenos Aires. La resistencia a Uber es moneda corriente en otros países, como Madrid

Los taxistas, quienes se sienten los "más perjudicados" en todo esto, justifican su enojo con violencia, a lo que Santoro define como una estrategia "para obtener del Gobierno la respuesta que desean: bloquear a la competencia. Naturalmente a nadie le gusta que le aparezca un competidor y menos cuando el Gobierno te pide tantas regulaciones, trámites e impuestos. Pero creemos que eso no da derecho a bloquear a la aparición de competidores y que, en todo caso, abre una oportunidad única para rediscutir la situación del sector de taxis y remises, y buscar disminuir la carga burocrática e impositiva que tienen. Nuestro foco está en garantizar el derecho a elegir de los consumidores, que suelen ser los grandes descuidados tanto por las corporaciones como por los políticos".

De todos modos, y como liberales, creemos en que, poco a poco, las regulaciones del mercado se irán imponiendo de forma natural frente a las regulaciones del Estado. Santoro reflexiona para concluir: "Hay que legislar pensando en los consumidores y en quienes hoy creen que esta puede ser una buena alternativa laboral. Hay que dejar de criminalizar a los laburantes que no se ponen al frente de un volante, justamente, porque les sobre dinero... Creemos que el mercado va a terminar transformando el mapa a pesar de la voluntad de los taxistas y otros actores. Depende de ellos ser protagonistas del proceso de cambio o negarse a la realidad de un mundo cambiante y un consumidor que tiene la libertad de elegir como viajar".

Lunes, 6 de agosto de 2018