Argentina, un país de esclavos que mantienen a los privilegiados
Por: Enrique Blasco Garma
Consejo Académico Libertad y Progreso


(Ámbito Financiero) Con la sanción de la Constitución en 1853/60, Argentina inició el milagro de generar oportunidades de ingreso y riquezas para millones de personas, entre ellas muchos analfabetos. Pasamos de menos de un millón de habitantes a 12 millones y simultáneamente cuadruplicar el ingreso por habitante. Ninguna otra nación hizo tanto en tan poco tiempo.

 ¡La nación más progresista de América hasta la tercera década del siglo XX! 

A partir de ahí, distintos funcionarios y particulares fueron consiguiendo privilegios en leyes y normas del Estado. La concesión de un impuesto, o su reducción, para algunos aventajados, y aportes compulsivos que reducen los ingresos de las mayorías a favor de determinadas entidades, empresas privadas, funcionarios, personas, gremios y otras organizaciones.

Grandes sectores de la opinión ven con simpatía favorecer a sectores "postergados" o "insuficientemente" remunerados. No se dan cuenta que todas las cesiones de ingresos salen del conjunto, del bolsillo de cada uno. Lo que se otorga a uno cuesta mucho más al común de la sociedad. 

Aquí juega una característica de la mente y proceso de decisión de las personas. Como la pérdida individual suele ser pequeña pero la ganancia para los beneficiados muy significativa, estos influyen hasta conseguirlo finalmente, sin que la mayoría se moleste. El aporte de 10 pesos mensuales no desnivela los presupuestos personales de un millón de personas. Pero constituye un enorme botín, 10 millones mensuales para un grupo pequeño de aprovechados. 

No nos podemos sorprender de las enormes riquezas que ostentan algunos dirigentes gremiales, empresarios, funcionarios, sustentadas en estas concesiones. Ni de que los estragos de la corrupción no sean reconocidos por muchos pobres.

Mi nuevo libro, Fin de la Pobreza, explica este fenómeno. Los argentinos podríamos disfrutar de un ingreso promedio por habitante cuatro veces superior al actual. Pero la enorme succión de los cuantiosos y diferentes privilegios nos agobia, reduciendo nuestra capacidad de gasto a una cuarta parte. El faltante, las tres cuartas partes del ingreso posible, se pierde en la telaraña de privilegios, concesiones especiales, tratos diferenciales a los que nos subyugan normas diferentes para los mismos actos, según de quien se trate. El concepto inverso a la justicia: el mismo trato, ley y norma para todos los habitantes.

Tenemos impuestos que algunos pagan más que otros. Los de las provincias patagónicas pagan menos que los demás argentinos. Los residentes de Tierra del Fuego están excluidos de impuestos nacionales, los consumidores deben pagar impuestos a importaciones para beneficio de empresas locales, dependiendo de las ventajas particulares que supieron conseguir. Las jubilaciones no son proporcionales a los aportes, porque los beneficios dependen de la particular ocupación personal. Hasta para financiar las actividades del Comité Olímpico o del Instituto del Cine existen impuestos especiales.

La Revolución Francesa fue el intento de abolir los privilegios del régimen feudal. La promesa del principio de justicia: la misma ley y medida para todas las personas para todos los tiempos. Después de tanto tiempo, debemos aceptar nuestro largo fracaso, contrariando los principios de la Constitución. Todos los funcionarios juran defenderla y sostenerla. Pero siguen tolerando la injusticia de que las personas sean premiadas o perjudicadas según su posición. Un sistema de privilegios extendidos que nos empobrece y desilusiona. La Argentina clama por un cambio.

A pesar de ello, cualquier propuesta de un programa de desarrollo, o medidas de estímulo, siempre consiste en erigir nuevos privilegios. No puede sorprender el continuo retroceso de la Argentina.

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Jueves, 25 de octubre de 2018