El juez Ricardo Rojas explica cómo frenar el avance en inseguridad
"Para paliar la inseguridad hay que recuperar el control de la calle"
Ornella Tirabosco
Periodista. Entusiasta de la formación y del marketing. Generadora de contenidos escritos y audiovisuales. Productora general y ejecutiva. Activista de la libertad. Nacida en Corrientes (Argentina), reside en Asunción


Ricardo Rojas y el problema de la seguridad: ¿culpa del gobierno o del sistema judicial?

Robos piraña, a mano armada, pungas, asesinatos a quemarropa, entraderas, secuestros express, ajustes de cuentas narcos... Y la lista sigue. La delincuencia en Argentina cada vez es mayor y no se debe solo al aumento de la pobreza y las deficiencias del sistema judicial, sino también a la falta de accionar del gobierno y las provincias para proponer nuevos esquemas de trabajo más organizados, eficientes y modernos.

En plena 9 de Julio y ante decenas de testigos, el robo "piraña" es una de las prácticas delictivas  

Desde Visión Liberal, contactamos a Ricardo Rojas, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal No. 18 de la Capital Federal, para explicar esta problemática que azota las calles de Buenos Aires con mayor visibilidad, pero que se replica a lo largo del país.Identifica quiénes son los responsables y qué se puede hacer para dejar atrás el efecto "puerta giratoria" en la justicia.

- ¿Qué análisis hace sobre la situación social en Argentina?

La situación social en Argentina es preocupante porque se advierte una marginalidad creciente y altos niveles de pobreza. Esto genera que haya  personas en situación de calle que no han pasado ni por una escuela y que quizá son la segunda o tercera generación de marginales.

Esta situación es en buena medida producto de un combo mortal que incluye estatismo y altísimo gasto público que se paga con impuestos altísimos. Si a eso se le suma la corrupción y los negocios financieros que normalmente se generan a partir de regulaciones económicas, es comprensible que cada vez se produzca menos y que cada vez haya que gastar más para mantener el Estado, y, por lo tanto, que cada vez los niveles de pobreza sean mayores.

A eso se lo ha tratado de paliar con planes sociales, que en realidad lo que hacen es generar más pobreza, pues ese dinero que se gasta en un ineficiente sistema de ayuda a los pobres se paga con mayores exacciones a quienes deberían invertirlo en producción, por lo que, de ese modo, se demanda menos trabajo, se produce menos, y la marginalidad aumenta. Esa situación ha ido creciendo al menos en los últimos cuarenta años, y los niveles actuales son prácticamente insostenibles.

- ¿Cuan grave es el problema de la inseguridad?

Es serio. Precisamente porque la marginalidad se incrementa y con ella la inseguridad en las calles. Se advierte claramente en ciudades como Buenos Aires, donde determinados barrios se han vuelto particularmente peligrosos, y las estadísticas de delitos se han incrementado mucho. A eso se debe sumar el problema de determinados tipos delictuales, como el narcotráfico, que, si bien no ha alcanzado en Argentina niveles como los de México y algunos países centroamericanos, va produciendo paulatinamente un incremento en la violencia en determinadas ciudades.

- ¿Quién es el responsable de que no haya un avance en mejorar esta cuestión?

El problema de la seguridad es complejo porque no depende de un solo factor. Pero hay una tarea que es fundamental para combatir el delito y es la labor de prevención. Una vez que un crimen se ha cometido, se podrán buscar paliativos, se podrá perseguir y encarcelar al autor, pero siempre la mejor solución es que el crimen no se cometa.

Los países civilizados analizan sus estadísticas priorizando el rubro de cantidad de delitos cometidos, en lugar de la cantidad de condenas aplicadas, porque lo que se pretende es que se comentan menos crímenes, no que haya mayores condenas. Esa tarea supone de los organismos de seguridad que retomen el control de las calles, algo que se ha perdido por muchos motivos. Retomar ese control pasa por evitar que cualquiera pueda hacer lo que quiera en las calles, incluso cometer delitos que ya no se persiguen porque se consideran el ejercicio de "derechos sociales".

Cuando se toleran situaciones como esas, se comienza un camino hacia la generalización de la delincuencia que es muy peligroso. Luego vienen los mecanismos de "represión" y castigo, que tienen que ver con el juzgamiento de quienes cometen delitos, la imposición de penas y su cumplimiento.

Juez Ricardo Rojas: "los jueces son la última cara visible de un sistema que funciona mal"

Esta última etapa del problema también debe ser mejorada sensiblemente, pero siempre teniendo en cuenta que lo primordial debería ser evitar que se cometan delitos en lugar de castigar los cometidos. Y en este sentido, hay que tener en cuenta que cuando la criminalidad se traslada fundamentalmente a ámbitos de personas que viven en la marginalidad y la pobreza, ni la amenaza de una pena de prisión ni su aplicación efectiva resultan disuasorias a futuro. Eso se ve con el gran incremento de la reincidencia que se advierte en los últimos años.

- ¿Qué iniciativas o actitudes debería tomar el gobierno en este sentido?

En primer lugar, hay que tener presente que, en el sistema de gobierno federal que tenemos, tanto la seguridad como la justicia son cuestiones que competen a los gobiernos provinciales.

Se deberían cambiar las estructuras y la forma de trabajo de las policías, utilizar tecnología diferente, y especialmente, como dije, recuperar el control de las calles. Ello debería ir acompañado con una mejora en la selección y remuneración de la policía y su control para evitar actos de corrupción.

En realidad, no se advierten muchos avances ni en el gobierno nacional ni en gobiernos provinciales. 

Por ejemplo, se habló mucho sobre "protocolos" vinculados con los cortes de rutas y calles, tanto a nivel de la Ciudad de Buenos Aires como a nivel federal, y en ninguna de ambas jurisdicciones se avanzó en eso, las calles son cortadas cuando a cualquiera se le ocurre. En Buenos Aires, una avenida principal y céntrica como la 9 de Julio es prácticamente tierra de nadie, a cualquier hora del día. Enjambres de personas que se ofrecen a limpiar vidrios, a pedir monedas o que esperan para unirse a manifestaciones, se mezclan con otras que están al acecho para producir arrebatos o robos violentos. La policía ha perdido el control de esas zonas.

- La gente dice que los jueces no hacen nada, y los jueces dicen que hacen lo que exige la ley... ¿qué sucede? ¿cuál es la crítica para el sistema judicial?

Los jueces son la última cara visible de un sistema que funciona mal. A los jueces penales les llega una mínima parte de los crímenes que efectivamente se producen: aquellos que son descubiertos por la policía, que son investigados por fiscales y llevados a juicio con pruebas suficientes. Para cuando todo eso ocurre, ya el daño está causado, y si bien la respuesta judicial puede tener un efecto preventivo general importante, como dije antes lo ideal es que el delito no se produzca.

Pero aún dicho esto, es verdad que el sistema judicial penal de todas las jurisdicciones padece deficiencias que deben mejorarse. Sobre estos temas hay que trabajar, pero sin olvidar que muchas veces, sentencias que parecen irrazonables no son más que la aplicación de garantías que reconoce la constitución y que no existen para proteger a delincuentes, como a veces se escucha, sino para proteger a todos los ciudadanos del país.

Los jueces sólo pueden resolver aquello que les llega para juzgar, y que el fiscal les presenta con las pruebas que ha recogido. De todos modos, es importante hacer una aclaración respecto de la sensación de impunidad que se ha generalizado. Curiosamente, mientras la sensación es que se cometen más crímenes -lo que es cierto-, las cárceles están cada vez más sobrepobladas. Es decir, que no se trata de que el sistema de castigo penal no se ejerza, sino que los niveles de criminalidad han subido tanto que el sistema no da abasto.

- ¿Cuál es la explicación/solución según el liberalismo para reducir la criminalidad?

Hay ciertos principios generales que se pueden ofrecer desde una visión liberal o de mercado. En primer lugar, la idea de que el ámbito público es siempre más proclive a la criminalidad que el privado. 

La mayoría de los crímenes suceden en las calles o plazas públicas, más que en el interior de las casas adonde no se puede acceder con tanta libertad, o en los centros comerciales que cuentan con vigilancia privada especial pues es económicamente rentable evitar que se cometan crímenes en esos lugares. De modo que la ampliación del control privado sobre la mayor cantidad posible de áreas ayuda a disminuir el nivel de criminalidad.

Hay un ejemplo interesante que se produjo en los años '80 en Saint Louis, Missouri, donde un barrio marginal había sido tomado por traficantes de drogas, y la gente no podía andar por las calles, los precios de las propiedades cayeron y nadie quería vivir en esa zona.

Frente a la imposibilidad del gobierno de hacerse cargo de esa situación, el alcalde decidió privatizar cerca de 400 cuadras de esa zona. Creó asociaciones de vecinos de cada cuadra y les dio el control de la calle. Los vecinos entonces pudieron eliminar una de las características fundamentales de los bienes públicos, que es la imposibilidad de exclusión, y colocaron barreras con guardias que sólo dejaban pasar a quienes justificaban adonde iban.

El centro de San Luis, Misuri, 4 de diciembre de 2014, "cuidado" por los vecinos

Al poco tiempo, los traficantes de drogas abandonaron esa zona, los niveles de delincuencia bajaron drásticamente, y los precios de las propiedades volvieron a subir. Tan exitoso fue ese experimento que aun hoy esas calles siguen siendo administradas por los vecinos. Sistemas similares a ese se han desarrollado casi espontáneamente en muchas ciudades del mundo, en especial de Latinoamérica.

- Se ve también cierta desmotivación para llevar estos conflictos a la justicia justamente por lo que comentaba antes, ¿por qué?

El proceso de mercado enseña que cada persona es el mejor juez de sus propias preferencias, es decir, que debería darse mayor participación a las víctimas para que actúen en el proceso penal en su propio nombre y para su propio beneficio. Normalmente las víctimas de delitos no tienen incentivos para participar en el proceso penal, no tienen nada que ganar, no es un proceso que tienda a recuperar lo que le robaron o a resarcirla económicamente, sino sólo a usar a la víctima como objeto de prueba para imponer un castigo. Esa falta de incentivos se ve a diario.

Probablemente un procedimiento donde la víctima tenga un rol fundamental y el juicio se dirija en parte a buscar la reparación de esa víctima, podría alentar su participación y el surgimiento de nuevas formas institucionales y tecnológicas que contribuyan a la mejor investigación del delito. Existen muchísimos ejemplos de cómo, cuando existen incentivos económicos para determinada actividad, -por ejemplo, la investigación y persecución del crimen-, rápidamente aparece la inversión en nueva tecnología que lo facilite.

Miércoles, 7 de noviembre de 2018