Los peligros que se esconden atrás de la ley de extinción de dominio
Ornella Tirabosco
Periodista. Entusiasta de la formación y del marketing. Generadora de contenidos escritos y audiovisuales. Productora general y ejecutiva. Activista de la libertad. Nacida en Corrientes (Argentina), reside en Asunción


¿Por qué la ley de extinción de dominio es peligrosa y de dudosa constitucionalidad?

La marcha que se realizó ayer frente al Congreso con fuertes consignas antikirchneristas, resultó de apoyo multitudinario y se replicó en distintas ciudades del país. En dicha marcha, reclamaron por la aprobación de la ley de extinción de dominio y el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la sesión de hoy, donde también se votará el pedido del juez Bonadío para allanar las propiedades de la actual senadora.

Si la ex presidente de la Nación no contara con fueros, claramente estaría presa. Esta especie de "protección" no tiene relación alguna con su función legislativa en la causa en la que está implicada, por ende, no hay justificación para lo contrario.

Lo que sí está en el hilo de discusión es la implementación de la ley de extinción de dominio, cuya función de "recuperar lo robado" solo queda en una linda frase con buenas intenciones. Lejos de ser representativa con este ideal, la ley es peligrosa porque le da más poder al stado y se puede aplicar con criterio selectivo dependiendo de cada caso. Imaginemos esta ley en manos del kirchnerismo...

Para entender sobre este proyecto, Ricardo Manuel Rojas, Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal No. 18 de la Capital Federal, en contacto con Visión Liberal, analizó la ley, con sus luces y sombras.

-¿Cuál es la verdadera lectura que hay que darle a este proyecto?

-La Ley de extinción de dominio es presentada como un mecanismo para "recuperar" los bienes producto de delitos complejos como la corrupción, el narcotráfico, el contrabando, el terrorismo, etc. Si bien tanto los instrumentos del delito como su producto pueden ser decomisados y el juez dispone su destino en la sentencia definitiva, que puede ser para ser entregados a las víctimas o quienes tengan un derecho legítimo a ellos, o para ser entregados al Tesoro Nacional, lo que esta ley pretende es que no haya que esperar a la sentencia definitiva, que el Estado puede apropiarse de esos bienes en los casos en que hayan causas penales en trámite por determinados delitos, independientemente de que se produzca la condena en sede penal.

"El dominio no se extingue, en todo caso cambia de manos y va al Estado. Y eso sería una confiscación". Juez Rojas

-¿Por qué crees que gran parte de la sociedad está de acuerdo con esta ley?

-Mucha gente está de acuerdo con esta ley porque desde el primer momento se la ha promocionado como una manera de "recuperar lo robado por la corrupción", y en el fondo todos queremos eso. Se enmarcó a esta ley dentro de la lucha contra la corrupción. Pero la forma de mostrar este proyecto es como si fuese la única manera de recuperar lo robado, y en realidad ya existe esa manera y está en el Código Penal.

La oposición a esta ley no es porque no se esté de acuerdo con la finalidad aducida, sino porque el modo en que se lo pretende es inconstitucional o al menos de dudosa constitucionalidad. Eso no es visto mayormente por la gente, porque supone un examen abstracto de una norma jurídica, que debería hacerse frente a la imagen de una Ferrari pintada con los colores de Gendarmería Nacional. Hay un componente emocional que hace que mucha gente esté de acuerdo con esta ley sin conocer sus verdaderos peligros.

-¿Cuáles son los riesgos que no se advierten?

-Los riesgos son muchos. En primer lugar, se le está dando al Estado un poder enorme al permitirle que intervenga dentro de investigaciones criminales para llevar a cabo una tarea que es, primordialmente, una decisión del poder judicial, como es el decomiso. Lo hace sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria, de modo que cualquier persona que circunstancialmente pueda verse envuelta en una causa penal por los delitos por los que se aplicará esta ley, podría ver apropiados sus bienes por el Estado.

Por un lado, el Estado se estaría apropiando de los bienes de un inocente, y luego le diría que tiene que hacerle un juicio para recuperar lo perdido, y, por otro, estaría apropiándose de dinero y gastándolo, para luego tener que incrementar los impuestos para juntar el dinero necesario para indemnizar al damnificado. Todo eso innecesariamente, pues el decomiso dispuesto en la sentencia final ya existe.

-¿Qué incongruencias contiene?

-Hay varias incongruencias en la ley, comenzando por su propio nombre: el dominio no se "extingue", es un derecho perpetuo que en todo caso se transmite, y lo que significa esta acción de "extinción de dominio" es la transmisión del dominio, de particular al Estado. No lo pueden decir en esos términos, porque sería casi la definición de confiscación, que está expresamente prohibida por el art. 17 de la Constitución Nacional.

En segundo lugar, si bien tiene que ver con bienes producto de delitos complejos, se trata de una acción civil, interpuesta en sede civil, y que tramita con total independencia de la causa penal en la que se investiga el delito. El Estado puede conseguir una sentencia de extinción de dominio antes de que se resuelva la causa penal, y si en esta última se llegara a una absolución, ocurriría lo que describí en el punto anterior.

Los tres proyectos que se discutirán en el Senado parten de la base de que esta ley es una forma de sustituir las reglas del decomiso, con lo cual están admitiendo que la solución legal y constitucional ya existe. Pareciera que el principal interés del Estado es apoderarse de bienes, y no de la solución de los delitos. Es decir, que en realidad no hacen nada para agilizar los procedimientos penales para que las sentencias queden firmes más rápido y se puedan ejecutar los decomisos, sino que se desentienden del proceso penal, y sólo se interesan por apropiarse de los bienes.

-¿De qué otra forma podría plantearse una solución?

-La solución ya existe, y es el decomiso, que está reglamentado en el artículo 23 del Código Penal. El problema es que los juicios penales son largos, y en buena medida ello ocurre por fallas en los procesos recursivos y en la interpretación de los efectos de determinados recursos.

Esas fallas podrían solucionarse con leyes procesales que permitan que las sentencias adquieran firmeza más rápidamente, y entonces el procedimiento del decomiso sería el mecanismo natural para resolver este problema, salvaguardando principios constitucionales como el de inocencia o el de legalidad.

Miércoles, 22 de agosto de 2018
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