Extinción de dominio: ¿un decreto electoralista o un arma contra la corrupción?
El juez Ricardo Rojas explica por qué la firma del decreto de "necesidad y urgencia" pondría en vilo el sistema republicano de gobierno. Advierte que la lucha contra la corrupción debe ser implacable pero no a cualquier precio. ¿No hay plan B?
Martina Tortonesi


Con la mira en el caso de los Cuadernos, la causa emblemática de corrupción que dejó la herencia kirchnerista, el gobierno anunció que firmará un decreto de necesidad y urgencia que le permita al Estado "recuperar" los bienes robados. 

El presidente Mauricio Macri defendió la medida que, al haber fracasado en el Congreso, podría ser implementada por decreto. Según calculó el Gobierno, hoy hay alrededor de 245 mil millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción, narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Muchos de esos bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos del Estado, lo que implica generar costos para el erario público.

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Combatir la corrupción es un deseo unánime de una sociedad que sigue empantanada en vicios políticos que parecen no tener límites. Pero, ¿a qué precio?

El juez Ricardo Rojas es categórico. " En primer lugar no existen razones ni de necesidad ni de urgencia para emitir ese decreto y tampoco hay un impedimento para que el tema sea tratado por el Congreso. De hecho el Congreso lo discutió el año pasado, y no se llegó a aprobar porque había opiniones encontradas en el seno del cuerpo que ha sido elegido por la gente precisamente para que cumpla esa función".

La división de poderes es un tema central para invalidar los argumentos del DNU. Además, está el tema estrictamente jurídico: la iniciativa invierte la carga de la prueba. Mientras se producen los procesos penales, en el ámbito civil se iniciará una medida cautelar sobre los bienes y si el imputado no puede demostrar su procedencia lícita, el Estado tomará posesión de los mismos para luego subastarlos. 

Vista así, la medida parece más un acto proselitista que de gobierno. Fantasea con la esperanza del electorado anti K, que es el de ver presos a todos los funcionarios que cometieron o están sospechados de ilícitos.

 

"La extinción de dominio se vincula con la forma de reglamentar el decomiso, que es un tema eminentemente de derecho penal. Es decir que por todos esos motivos estaría vedado al Presidente introducir la extinción de dominio por decreto. Ello viola la división de poderes, el sistema republicano de gobierno, y coloca al Presidente al borde de responsabilidad penal", concluye el juez Rojas, categórico.

Luego, ahondando su explicación, el jurista explica:

"Un principio básico del gobierno limitado es la división de poderes. Cada uno de los poderes del Estado tiene sus funciones, y no puede inmiscuirse en las de los otros. Si el Presidente asumiera funciones legislativas o judiciales, estaría rompiendo con el sistema republicano, que es un pilar de nuestra forma de gobierno". 

El uso de los llamados "decretos de necesidad y urgencia" es un arma de doble filo que puede lacerar las instituciones. "Hasta el gobierno de Alfonsín, los presidentes constitucionales muy rara vez emitieron decretos que pudiera invadir esferas del legislativo, y cuando lo hicieron, se encargaron de fundamentar cuál era la necesidad y urgencia de hacerlo. Alfonsín sancionó un puñado de decretos de necesidad y urgancia, y Menem avanzó mucho más. Por ello, cuando se reformó la Constitución en 1994, se discutió la idea de poner límites más firmes al Poder Ejecutivo para que no pudiera invadir esferas del legislativo". relató Rojas. 

Es que el uso y el abuso siempre fueron dos caras de la misma moneda. El Ejecutivo no puede emitir decretos de carácter legislativo. Eso es lo que sucedería si, tal como lo anunció Macri, refrenda por decreto la extinción de dominio.

La llamada extinción de dominio es -según Rojas- "una institución muy peligrosa", que ha sido muy cuestionada en aquellos países donde se la estableció. Su objeto es permitir que el Estado pueda acceder a bienes que están secuestrados o embargados en causas penales, sin tener que esperar al final de la causa en que se disponga el decomiso de aquellos bienes que, o bien son instrumento del delito o bien son producto del delito". 

Es decir, esos bienes siguen perteneciendo a sus dueños hasta que el juez en la sentencia final disponga su decomiso, en cuyo caso hay varios destinos que pueden tener: desde resarcir a las víctimas, o quedar a cargo del pago de otras deudas del imputado, y finalmente ingresar en el patrimonio del Poder Judicial o del Estado Nacional. 

El electorado macrista enarbola la bandera de la lucha contra la corrupción K

"La ley de extinción de dominio tiene por objeto pasarse por encima a todos estos trámites y de una vez iniciar una acción rápida para que el Estado se quede con los bienes y disponga de ellos mientras se discute la causa. La propia ley que no llegó a sancionarse disponía que si luego el imputado era declarado inocente y por lo tanto esos bienes no resultaban decomisados, pero ya fueron dispuestos por el Estado, tenía una acción contra el Estado para que le pague el valor de los bienes, daños y perjuicios, intereses y costas. Es decir que de ese modo se demuestra que en definitiva la extinción de dominio esconde una forma de alterar el principio de inocencia y deja desprotegidas a las personas frente a la voracidad estatal"

¿No hay plan B?

Ahora, es incuestionable que la lucha contra la corrupción tiene que ser a fondo y dejar sentencias claras y concretas. Si la extinción de dominio es tan cuestionada, ¿qué se puede hacer para que el robo al Estado deje de ser una práctica política recurrente?

Rojas explica: "hay que atacar los motivos por los cuales las causas tardan tanto en concluir". Se refiere, concretamente, a la necesidad de hacer modificaciones procesales y legales. Que los fiscales aceleren las investigaciones y pidan la realización de los juicios. 

"El actual sistema mixto, donde hay jueces de instrucción devenidos en oficinistas que juntan papeles, es altamente ineficiente y lento", sostiene.

"También debería reverse el sistema de apelaciones, para evitar que una vez que la causa tiene sentencia de juicio, no pasen años hasta que quede firme. Si se trabajara en estos temas, probablemente el tema del tiempo que se tarda en poder decomisar efectivamente los objetos del delito tendría menor impacto", sostiene con lógica irrefutable. 

En algunos juzgados los papeles se guardan en los muebles de cocina. Justicia lenta y burocrática

"También se podría pensar en la posibilidad de acuerdos entre imputado y fiscal, que permitieran que algunos bienes que pueden deteriorarse con el paso del tiempo y requieren inversiones de mantenimiento, como automóviles, aviones, barcos, etc., pudieran ser vendidos y el producto líquido colocarse en alguna forma de inversión bancaria. Eso ayudaría a mantener el valor de esos bienes y evitar su deterioro, lo que redundaría en beneficio tanto del Estado como del propio imputado".

A modo de conclusión, Rojas afirma: "desgraciadamente, es difícil encontrar una explicación a esta premura del Ejecutivo por introducir el régimen de extinción de dominio de este modo inconstitucional que no fuera recaudatorio. Si se advierte que en los últimos tiempos se extendió la presión tributaria hasta el límite, se emitió moneda sin respaldo hasta volver a niveles de inflación ya abandonados hace muchísimo tiempo, se ha abusado del endeudamiento externo, pareciera que la incautación de bienes de personas imputadas de delitos puede ser una nueva forma de recaudación. Lo que constituye una nueva señal de alerta en todo este problema". 

"Acuérdense que a Cristina se la acusó de buscar la suma del poder público y como traidora a la patria por intentar imponer el famoso memorando con Irán, y también cuando pretendió modificar impuestos por una resolucón ministerial con la 125. Esto de Macri es igual o más grave que aquello, en caso de ser verdad. Espero que, dada su ignorancia en casi todo lo que tenga que ver con su función, algún asesor le explique que no puede hacer eso. Si lo hace, debería ser denunciado de inmediato, porque pondría en peligro el funcionamiento de la Constitución y el sistema republicano de gobierno", concluyó.

Martes, 22 de enero de 2019