La mochila fiscal agobia sin piedad al contribuyente argentino


Según un informe global del Banco Mundial y PwC, Argentina es la segunda economía del mundo con mayor presión impositiva sobre sus compañías: tributan el 106 por ciento de sus beneficios. Un valor sólo superado por Comoras, pero muy superior a Chile (34 por ciento), a Brasil (65,1) o a Bolivia (83,7).

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En los países europeos, los porcentajes oscilan entre el 40 y el 60 por ciento de carga tributaria. No hay entonces dudas de la dificultad que enfrentan las empresas argentinas para poder ser competitivas cuando quieren exportar. No hay productividad ni tipo de cambio que pueda compensar semejante desventaja, salvo en algunos productos o en casos muy puntuales.

Estos datos dan una dimensión del trabajo que queda por delante si se quiere aprovechar el potencial que tiene para el país el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. No es poco lo que hay que modificar en los dos años que restan para que entre en vigencia y en los 15 de adecuación gradual.

Costos no tributarios

Evitar exportar impuestos es una de las premisas que se plantean al hablar de competitividad internacional. El Gobierno lo entendió cuando asumió, al reducir derechos de exportación y plantear una reforma tributaria gradual, pero las buenas intenciones se dieron vuelta en 2018 por la necesidad de equilibrar las cuentas fiscales.

Sin embargo, el sector privado hoy sufre otros costos no impositivos, pero relacionados a la cuestión tributaria. "La presión se ve muy afectada por la burocracia de los distintos fiscos. Las estructuras administrativas de una empresa argentina para atender el pago de impuestos es muy diferente a la de una europea", advierte Gustavo Campos, socio de PwC.

El especialista en tributación internacional y precios de transferencia agrega que "a esto se le suman todos los regímenes de percepción y de retención que generan saldos a favor inmovilizados y su pérdida de valor por la inflación, que en otros países no existen. Estos sobrecostos son mayores que el costo de una alícuota en sí", remarca.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hay 163 impuestos en los tres niveles del Estado; pero, además, en Argentina hay una inestabilidad normativa que puede complicar cualquier número.

La Justicia está colmada de demandas contra municipios por impuestos disfrazados de tasas que agregan costos en cada jurisdicción y complican la actuación de cualquier empresa que esté en distintos puntos del país. De hecho, algunos intentan restablecer el llamado "impuesto a la valija", que ya había sido rechazado por la Corte Suprema.


Exportar distorsión

La estructura tributaria también debiera ser reformada en la línea que se había planteado en el acuerdo con las provincias. En principio, volviendo al esquema de reducción impositiva y laboral, pero aun más allá.

Campos señala que las diferencias tributarias no se dan tanto en el IVA, "en el que los reintegros funcionan bien", ni en Ganancias, que bajó del 35 al 30 por ciento y llegará al 25 por ciento en 2020. "No pasa con Ingresos Brutos en la cadena de la compra, las tasas municipales sobre las ventas al exterior, el impuesto a los débitos y créditos, y los derechos a las exportaciones", asegura. Todo esto es un sobrecosto que en otros países no existe.

Un punto aparte es la reforma laboral. Más allá del costo y de la falta de previsibilidad, las normas argentinas quedan descolocadas y no pueden responder ante las nuevas modalidades de trabajo.

Son temas de fondo que deberá afrontar el próximo gobierno, aunque se los omita de la agenda electoral.

Paula Martínez para La Voz del Interior (Córdoba)

Miércoles, 31 de julio de 2019