El peligro latente de la democracia liberal: el populismo y sus disfraces
Tomás Santolín Godoy
Asesor legislativo


Tomás Santolín Godoy considera que el populismo, fenómeno que aunque es difícil de definir, constituye en todas sus variantes una amenaza formidable a la democracia liberal.

La proliferación de líderes populistas que acceden al poder a través de elecciones democráticas en gran parte de occidente representa probablemente el principal desafío que enfrenta el liberalismo en la actualidad. El populismo en cualquiera de sus versiones (de izquierda o de derecha, intervencionista o desregulador, xenófobo o anticapitalista) pone en riesgo los pilares mismos que por siglos permitieron fundar y consolidar la democracia liberal que hoy conocemos. La clave sin embargo no es enfrentar al populismo como tal, sino alertar sobre las causas que le dan lugar y revalorizar las instituciones que puedan prevenir su expansión.

Pero, ¿qué es el populismo? Sería demasiado pretencioso querer encontrar una respuesta única a una discusión que por décadas mantuvo en vilo a la academia, y que todavía lo hace. Y si los estudiosos de la materia todavía no han podido llegar a una conclusión consensuada sobre el tema, más entendible aún es que su utilización en la discusión política diaria se caracterice por una ambigüedad que poco ayuda. En efecto, cuando hablamos de populismo, probablemente no esté del todo claro de qué estamos hablando. O, mejor dicho, cada quien le asigna una definición ad-hoc, a costa de rigor conceptual.

En La macroeconomía del populismo en la América Latina, Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards sugieren que un programa populista es aquel que propone una política económica heterodoxa con intervención estatal para reactivar la economía y redistribuir el ingreso. Sin embargo, esta definición estaría dejando afuera a gobiernos típicamente identificados con el populismo y que a su vez mantuvieron políticas más bien ortodoxas en términos económicos, como (entre muchos otros) los casos de Carlos Menem en Argentina o Alan García en Perú durante la década de los noventa. Lo propio sucedería si observamos la coyuntura actual con Donald Trump en EE.UU.

Similares problemas surgen con diferentes definiciones. Ya sea que pongan el foco en elementos xenófobos, proteccionistas, antiimperialistas; todas ellas caen en la falencia de ofrecer un corset demasiado restrictivo para un fenómeno que ha demostrado venir en todas las formas y colores. Otros autores proponen entonces una definición más minimalista, por ejemplo, caracterizándolo como un estilo de retórica política, usualmente vinculado a cierto grado de demagogia. Tal es el caso del historiador estadounidense Michael Kazin en La persuasión populista. Sin embargo, el riesgo que se corre en ese caso es el de llegar a una definición tan amplia que termine abarcando a prácticamente cualquier fenómeno político. A fin de cuentas, qué líder que se precie de tal no busca lograr un diálogo profundo y movilizador con sus seguidores.

Como suele suceder con los "contested concepts", es de mucha utilidad identificar los puntos de intersección que se logran entre las distintas definiciones, lo cual de por sí ya dice mucho. De este modo, encontramos que se puede asegurar con un relativo consenso que los populismos suelen caracterizarse por proponer una redefinición propia de la figura de "el pueblo". Pensadores tan diferentes entre sí como Ernesto Laclau, Jan-Werner Müller o Nadia Urbinati (y que, no menos importante, tienen posiciones personales tan disímiles respecto al objeto en cuestión), coinciden en presentar al populismo como un fenómeno político que busca delimitar las fronteras de aquellos que son dignos de integrar el pueblo (construirlo como sujeto de acción colectiva), ante un orden social entendido como injusto. El ejercicio se complementa en tándem con la exclusión de un enemigo, que no es merecedor de pertenecer a ese pueblo puro y unificado (léase: la oligarquía imperialista, el establishment con sede en Washington, DC, los refugiados que llegan en balsa cruzando el Mediterráneo; hay para todos los gustos).

Siguiendo este razonamiento, es sólo aquel sector de la sociedad reconocido como el pueblo legítimo quien configura la única fuente y sustento de la autoridad política. La función de la política pasa a ser entonces la realización de la voluntad general de quien se haya delimitado previamente como el pueblo. La consecuente exclusión de una porción de la sociedad que no sea merecedora de tal estatus deja a los individuos que la integran desprotegidos de sus garantías básicas, en términos a priori no legales, sino simbólicos.

Allí reside, a fin de cuentas, el nudo de la cuestión. La filosofía liberal se sostiene, primero y antes que cualquier otra cosa, en el entendimiento del individuo como un fin en sí mismo, con capacidades morales y racionales indeclinables y previas a cualquier tipo de autoridad política. Todos los individuos son moralmente valiosos y tienen derecho a un conjunto de garantías y derechos inalienables. No existe la posibilidad de que un individuo quede excluido del conjunto social en el cual se sustenta cualquier atisbo de autoridad política en tanto y en cuanto no hay ente o agrupamiento colectivo superior imaginable que pueda despojarlo de tal reconocimiento.

El intelectual francés Alain Rouquié suele decir que "la democracia es un frágil milagro cultural". De igual manera, lo mismo puede sugerirse sobre las libertades individuales. El respeto de las mismas requiere un resguardo permanente. La política se vuelve entonces la herramienta a través de la cual promover y proteger las garantías de los individuos. Los hitos fundacionales de las democracias liberales modernas, como la Carta de Derechos estadounidense o la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, buscaron garantizar el reconocimiento a esa igualdad moral que se deriva de la dignidad universal del individuo. Y esas garantías constitucionales no son tanto para aquel que consideramos merecedor de las mismas sino justamente para quien, de no existir aquellas, no se le concedería tal reconocimiento (el supuesto "enemigo" que señala el populismo).

Surge entonces el interrogante: ¿puede promover y defender esas garantías individuales un régimen político cuyo entendimiento de la sociedad es el de un pueblo legítimamente merecedor de derechos y otro sector excluido de tal reconocimiento? Probablemente no. Pero, como se mencionaba al comienzo, el desafío no pasa tanto por luchar contra el populismo en sí mismo sino por consolidar las instituciones de la democracia liberal que permiten condicionar el accionar de aquel. De ello se deriva la idea de una mediación entre la voluntad popular y los resultados concretos del poder político, la cual tiene un fundamento no sólo operacional o práctico sino sobre todo conceptual. 

A lo largo de los últimos siglos, las sociedades modernas han aprendido que la falta de intermediación entre representantes y representados puede resultar en un riesgo potencial a las garantías y libertades individuales, riesgo representado usualmente bajo la idea de la tiranía de las mayorías, y encarnado hoy por los regímenes populistas.

Así, la limitación del gobierno por el Estado de Derecho y el rechazo al uso arbitrario del poder político (a través de limitaciones constitucionales al mismo) permite garantizar el respeto a los derechos individuales independientemente de las voluntades de las mayorías. Un gobierno de las instituciones y no de las personas que se sustente en procedimientos equitativos e imparciales. Nociones fundamentales de una democracia liberal, como el respeto por la división de poderes, por el sistema de frenos y contrapesos y por los canales procedimentales constitucionales, constituyen por lo tanto bastiones capaces de frenar avances totalitarios por sobre el bien más preciado y a la vez el más vulnerable de todos: la libertad.

Escrito para El Cato

Martes, 3 de septiembre de 2019